Venezuela: la acusación que vincula a Chávez con ETA y las FARC no se sostiene

Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, lo ha expuesto en un auto

En una impresionante y bien trazada oleada mediática contra el presidente venezolano Hugo Chávez se han lanzado la inmensa mayoría de los medios de comunicación españoles neoliberales. Público, El País, ABC, El Mundo, La Razón, Cadena Ser, COPE, Libertad Digital y los canales de televisión.

Como una maquina bien engrasada han publicado al unísono, haciendo mucho ruido, una información cortada por el mismo patrón que tiene como fundamento el auto del magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en el que se acusa, sin pruebas creíbles, al gobierno venezolano de cooperar con unas supuestas acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Euskadi Ta Askatasuna (ETA) País Vasco y Libertad en español.

Eloy Velasco se ha basado en la información obtenida en el ordenador del fallecido comandante de las FARC Raúl Reyes, durante la violenta invasión colombiana a Ecuador hace casi dos años. El resistente ordenador que soportó un intenso bombardeo que acabó con la vida de varias personas y que casualmente ha confirmado todas las argumentaciones del presidente Álvaro Uribe para aumentar cada vez más su política guerrerista, nunca ha sido mostrado públicamente.

Durante julio de 2008, expertos ingenieros informáticos de la Universidad Politécnica de Ecuador determinaron que el ordenador había sido manipulado cuando los militares colombianos lo robaron de territorio ecuatoriano, "en el acceso a la información de los ordenadores entre el 1 y el 3 de marzo pasado, no se siguieron los cánones determinados por la Ley". Además según declaraciones del director nacional de informática de la fiscalía ecuatoriana, Santiago Acuario, "desde el punto de vista jurídico y técnico, esa información contenida en los computadores de ’’Raúl Reyes’’ no tiene una validez jurídica en el sentido de que se obtuvo con violación a las normas establecidas en Ecuador".

La credibilidad de las pruebas obtenidas por el juez Eloy Velasco para demostrar la relación entre ETA y las FARC está en duda, ya que éstas provienen de un ordenador que de haber soportado un bombardeo, ha sido manipulado ilegalmente y además ha perdido su valor jurídico por haber sido obtenido por el gobierno colombiano también de forma ilegal.

La posibilidad de que el ordenador en posesión de Colombia no fuera del comandante guerrillero es bastante grande ya que ni siquiera la Interpol pudo confirmar que el ordenador fuera de él.

Siguiendo esa línea de pruebas endebles, el magistrado de la Audiencia Nacional vincula al Gobierno Bolivariano de Venezuela con la supuesta colaboración entre los grupos armados, hecho que los medios de comunicación de masas aprovechan para personalizar la acusación y señalar a Chávez como protector de los etarras.

Velasco habla de cooperación entre las partes. Aunque es incapaz de demostrarlo durante todo el auto. Tan sólo logra apuntar que el euskaldún Arturo Cubillas Fontán, presunto etarra, tiene vínculos con el gobierno venezolano y con las FARC, atendiendo a los correos electrónicos de Raúl Reyes.

Cubillas Fontán reside en Venezuela desde 1989 cuando entró en vigor un acuerdo firmado entre el ex presidente venezolano acusado de genocidio, Carlos Andrés Pérez, y el expresidente español Felipe González, por el que el Gobierno de España pidió a Venezuela que acogiera a varios presuntos etarras.

En el acuerdo que firmaron los dos líderes cuyas organizaciones políticas (Acción Democrática, hoy oposición derechista en Venezuela y Partido Socialista Obrero Español, actualmente en el gobierno español) militan en la Internacional Socialista, se recogía que no se podía extraditar a ninguno de los deportados a Venezuela si según las leyes de cualquiera de los dos países los delitos habían prescrito.

Según el canciller venezolano todos los vascos relacionados con ETA que residen en Venezuela lo hacen por ese acuerdo. Su permanencia en Venezuela depende de lo estipulado en el contrato que firmaron Carlos Andrés Pérez y Felipe González. En un caso la justicia venezolana no los entrega a España siguiendo el contrato y atendiendo al mismo, otras veces si.

Un año después de haber llegado a Venezuela en calidad de huésped vigilado, Arturo Cubillas contrajo matrimonio con la venezolana Goizeder Odriozola Lataillade. Siendo posible ya que el vasco no tenía antecedentes penales ni era requerido por la Audiencia Nacional de España. Debido a esto pudo conseguir la nacionalidad venezolana antes de que Chávez llegase al poder, aunque fue el bolivariano quién se la retiró en 2006 a petición del gobierno español. En ese momento todos los medios de comunicación masiva se apresuraron a señalar a Chávez como protector de los presuntos terroristas. El mandatario sudamericano ha expresado en varias ocasiones su repulsa hacia ETA y ha tachado a la organización vasca de terrorista.

Cubillas Fontán ejerció, como venezolano sin antecedentes penales ni requerimientos de búsqueda, un cargo en el Gobierno de Venezuela, concretamente en el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras según el juez Eloy Velasco.

Con este argumento, que podría servir para implicar a varias empresas privadas venezolanas donde las otras decenas de vascos relacionados con ETA residentes en Venezuela por la petición de España a finales de los años 80 trabajan, el juez ha establecido la relación entre el gobierno venezolano, las FARC y ETA.

Que Cubillas Fontán trabajase como funcionario de la administración pública venezolana 16 años después de haber llegado a Venezuela y 15 años más tarde de su matrimonio con una ciudadana venezolana, sin antecedentes penales ni requerimiento de la Audiencia Nacional de España es sólo una consecuencia del pacto de 1989.

El juez ha sido incapaz de determinar pruebas, fuera de un ordenador manipulado y posiblemente falso, que demostrasen la implicación del gobierno de Venezuela en las supuestas operaciones entre ETA y las FARC.

El hecho de que Arturo Cubillas trabajase para un ministerio venezolano sólo implica que el Gobierno de Venezuela sigue respetando el acuerdo impulsado por Felipe González y Carlos Andrés Pérez y que además garantiza a los venezolanos nacionalizados los derechos constitucionales.

Claves para entender esta situación:

En 1996 España pidió a Venezuela por primera vez la extradición de un presunto etarra y fue en ese momento cuando empezaron las tensiones porque la justicia venezolana lo ha impedido varias veces desde entonces.

La Audiencia Nacional pidió la extradición a España de Arturo Cubillas Fontán en el año 2008, cuando ya no estaba ejerciendo ningún cargo público en la administración venezolana.

El gobierno de Venezuela repudia estas acusaciones del juez español y las señala de inaceptables.

Chávez ha efectuado varios llamados en los que pide a las FARC abandonar las armas y liberar a todos los rehenes sin condiciones. Para el presidente revolucionario la época de la lucha armada ya pasó en América Latina.

La Corte de Justicia de Copenhague determino que las FARC no son un grupo terrorista.