Orlando Zapata ingresa en prisión en 2003 por probados vínculos con la CIA, a través de Ángel de Fana, vinculado también a la organización terrorista Alfa 66, organización que ha llevado a cabo varios asesinatos y ataques violentos. Posada Carriles, entre otros, está vinculado a este grupo.
“Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras.” (se trata del artículo 592 del Código Penal del Estado español).
Orlando Zapata fue condenado a prisión por un artículo similar recogido en la legislación cubana. Así que según muchos defensores de la democracia y de los Derechos Humanos, en el Estado español también debe haber presos políticos, si en verdad fueran coherentes y aplicaran el mismo razonamiento independientemente de que se trate de Cuba o de otro país.
‘Todo preso común pasa a ser preso político si es opositor al gobierno’, éste parece ser el argumento base de sus razones para salir en defensa de la libertad de expresión, de opinión, política, etc.
No hace falta que hagamos operaciones matemáticas complicadas para darnos cuenta de que un argumento muy similar es el que denomina también como ‘presos políticos’ a terroristas que con toda normalidad son detenidos en el Estado español y que a casi nadie se le ocurre considerar como tales, sino como presos comunes, cuya sentencia y, en su caso condena, no hace más que seguir los cauces de un sistema jurídico que, como el cubano, tiene como principal prioridad la salvaguarda de la vida de sus ciudadanos y la protección de las instituciones que los representan.
Y por último: ¿desde cuándo obligar a una persona a comer en contra de su voluntad forma parte de los Derechos Humanos? Para algunos sí, sólo que en el caso de Aminatu Haidar se cuidaron muy mucho de defender tal ‘derecho’, pues pedían su no alimentación forzosa en defensa de los Derechos Humanos.
¿Contradicción? ¿Hipocresía? No. Se trata una vez más de una simple aplicación de la lógica imperialista de demonización del pueblo cubano y de su gobierno. Ya sabemos que quienes opinan así no obedecen a razonamientos basados en los Derechos Humanos, sino a su único interés (les pagan por ello): el fracaso de la Revolución cubana.
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