LA CORRIENTE BOLIVARIANA Y REVOLUCIONARIA “FABRICIO OJEDA” SE ANOTA UNA VICTORIA PARCIAL

       La Corriente Bolivariana y Revolucionaria "Fabricio Ojeda" expresa su  agradecimiento y satisfacción ante la Dirección Nacional por habérsenos tomado en cuenta  la propuesta de que los gobernadores y alcaldes no deben presidir  el PSUV en las  entidades que conforman el país.

       En varias comunicaciones dirigidas a la Dirección Nacional, le expusimos la inconveniencia de que los gobernadores y alcaldes dirijan el partido, y en base a las razones que expusimos, la dirección nacional giró instrucciones a gobernadores y alcaldes para que se cumpla esta resolución.

       En las comunicaciones expusimos que estos funcionarios no pueden dirigir el partido porque de alguna manera la subjetividad y la falta de imparcialidad impiden que se efectúe el monitoreo del desempeño de las funciones en esos cargos, con precisión y objetividad. Esta decisión permite que se establezca la posibilidad de auditar, vigilar y hacer contraloría social sobre la administración pública.

       Es una victoria parcial que hemos obtenido como corriente, aunque quedaríamos más satisfechos si esa disposición se hiciera extensiva a los directores de organismos de las gobernaciones, de las alcaldías, de organismos autónomos, ministerios y misiones sociales. Esto redundaría en mayor confianza y recuperación de la credibilidad  de la población en las instituciones  dirigidas por hombres y mujeres  que llegaron allí en nombre del proceso bolivariano. De esta forma, la disciplina revolucionaria comenzará a notarse desde los más altos cargos públicos hasta la instancia menor de los organismos presididos por partidarios al proceso, puesto que la disciplina no debe ser acatada  solo por los militantes de base si no por dirigentes y funcionarios de alto rango.

            El partido dirigido por altos funcionarios públicos no garantiza la pulcritud, eficiencia, eficacia y honestidad de estos en sus funciones. Es la vía más expedita que por ahora puede contar el proceso  bolivariano para el relanzamiento de la revolución. No se puede ser a la vez juez y parte  en la relación partido gobierno. Esto es parte de la rectificación de los errores y fallas que se han cometido en el proceso y que son necesarios para poder reimpulsar la revolución, y no seguir repitiendo la impunidad y el libertinaje que como herencia dejaron los partidos AD y COPEI en la manera de conducir la administración pública. Basta recordar la famosa "lista negra" de los veinte dirigentes más corruptos de AD en poder de Luis Piñerúa Ordaz, y que nunca fue publicada debido a los compadrazgos y amiguismos que permitieron la impunidad de los delitos de corrupción. Esa  indisciplina ha sido heredada en la Quinta República, lo cual nos obliga a combatirlas para que el proceso bolivariano avance en la formación de la ética y moral revolucionaria.

            Respecto a la designación del ex alcalde del Municipio Carvajal, como Comisionado político de la gobernación en el Municipio Valera, consideramos que esa práctica adeca desvirtúa y desnaturaliza el proceso, ya que la figura de comisionado  político usurpa las funciones de los alcaldes, crea más burocracia y es inconstitucional, pues ella no aparece ni en la Constitución Nacional, ni en la regional ni en los Estatutos del partido.

            Por otra parte, consideramos que la designación de Richard Cabrices como comisionado político, o en cualquier función pública, ofende la dignidad de la militancia y del pueblo trujillano,  y de todos los que quieren la profundización del proceso bolivariano. Cuestionamos tal designación, aún cuando el tribunal que lo absolvió no actuó apegado a la justicia y a la ética revolucionaria, si no a los entretelones del sistema judicial que responde más a intereses personales y económicos que al proceso bolivariano. La corrupción es opacada y ocultada por los subterfugios administrativos, pero lo que no se puede ocultar es el estilo de vida, las propiedades y los lujos de los corruptos, cuyos recursos han transferido a testaferros. Es la legitimación de la impunidad por parte de algunas instancias del poder constituido que no se adaptan a los principios revolucionarios, aspectos políticos, éticos y morales que deben ser abordados también en la aplicación de las tres erres al cuadrado.

ENVIADO POR: ALIRIO GIL. Militante de la Corriente Bolivariana y Revolucionaria "Fabricio Ojeda" del PSUV de Trujillo. (Unidad de todas las corrientes de izquierda del PSUV)            Trujillo, Enero de 2.0011.