SOBRE LA SITUACION POLITICA INSTRUCTIVO 127

SOBRE LA SITUACION POLITICA INSTRUCTIVO 127

Quito,  enero de 2011

En el ambito internacional se destaca el "gasolinazo" que impuso el presidente de Bolivia, Evo Morales, el pasado mes de diciembre. Este tipo de medidas fueron adoptadas en el pasado por los gobiernos neoliberales, le llamaban "reajuste" y "sinceramiento de la economía", ahora se la conoce como "nivelación para proteger la economía". Con esta medida el gobierno de Evo Morales no se diferencia en nada de los gobiernos derechistas y neoliberales, ya que prioriza la estabilidad y el equilibrio macroeconómico a las necesidades de la gente.

La respuesta que recibió de parte de los sectores populares, los trabajadores, campesinos, docentes, mineros fue contundente, se desarrollaron grandes movilizaciones que hicieron retroceder al gobierno y le obligaron a derogar el decreto que elevaba hasta un 82% el precio de los combustibles.

Lo ocurrido en Bolivia evidencia un hecho, los denominados gobiernos alternativos van cediendo a las presiones del imperialismo, de los organismos financieros internacionales, lo cual les está llevando a aplicar medidas neoliberales para favorecer los intereses de las transnacionales y las oligarquías.

El incidente diplomático entre Venezuela y Estados Unidos, por la designación de Larry Palmer como embajador de USA en Venezuela, situación que no tuvo el beneplácito del régimen chavista y que tuvo como contrapartida el retiro de la visa del embajador venezolano Bernardo Álvarez en Estados Unidos, se solucionaría luego de la reunión mantenida entre el presidente Chávez y la Secretaria de Estado Hillary Clinton, en donde el gobierno norteamericano desistió de nombrar como embajador a Larry Palmer, funcionario que realizó declaraciones  en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto es una demostración de la política de sometimiento y presión del imperialismo norteamericano y la defensa de la soberanía nacional por parte del gobierno venezolano.  

En Europa siguen las movilizaciones de los trabajadores y la juventud en contra de las políticas neoliberales que se vienen implementando en varios países europeos. El creciente endeudamiento público que permitió el salvataje del sector financiero, la adopción de políticas presupuestarias y fiscales que favorecen a las clases dominantes, la reducción del gasto social, mayor desempleo, reducción de los salarios, aumento de la edad para jubilarse, incremento del IVA, incremento del costo de las matrículas en las universidades públicas.

Al interno del país, el gobierno viene discutiendo el reglamento para normar el funcionamiento de las organizaciones sociales, con esto más de 3000 organizaciones sociales y gremiales tendrán que volver a reinscribirse. Este reglamento que discute el Ejecutivo viola expresas normas internacionales, busca afectar el derecho de organización de los trabajadores, los maestros, la juventud y los pueblos para favorecer los intereses del gobierno y la oligarquía que no quieren un movimiento social organizado, movilizado en contra de las políticas antipopulares del régimen.

El presidente Correa viene anunciando que convocará a consulta popular para que el pueblo se pronuncie sobre varias preguntas entre las que menciona la caducidad de la prisión preventiva, la realización o no de las corridas de toros, facultarle al gobierno la reestructuración de las cortes de justicia. Al respecto es necesario señalar que nuestro partido por principio es partidario de que se convoque al pueblo para que se le consulte. Lo que no podemos estar de acuerdo es con la manipulación, con el engaño, con el interés del gobierno por reciclarse. La pretensión de que el pueblo le faculte al Ejecutivo para que con una veeduría internacional reestructure la Función Judicial viola la Constitución de la República que dispone la lo haga el Consejo de la Judicatura. El costo de la consulta popular será de 30 millones de dólares y se lo haría en los meses de abril o mayo. Nos mantenemos a la expectativa de todas las preguntas que deberán contener inquietudes fundamentales de interés de los pueblos.

Siguen botándose la pelotita entre Fernando Cordero, Alberto Acosta y Pesantez sobre las denuncias de piponazgo y otros actos de corrupción en la Asamblea Constituyente. Cada cual a su tiempo acusa al otro, lo cierto es que nuevamente quedará en el olvido las denuncias realizadas.

Con el voto dirimente de Marcela Miranda, el Consejo de Participación Ciudadana negó la impugnación que presentaron en contra de Suad Manssur Villagrán, que encabeza la terna del Ejecutivo para la Superintendencia de Compañías. Ella fue acusada de haber favorecido a sus hermanos con la Resolución 1269 adoptada por la Junta Bancaria, en marzo del 2009, cuando era delegada del Presidente de la República en ese organismo. Esa resolución condonó las deudas a un grupo de personas en mora con la banca cerrada, entre las cuales se encontraban sus hermanos Vicente y Nassif Manssur.

Vale recordar que la semana anterior cuando la señora Suad Manssur Villagrán acudió a la Comisión para presentar las pruebas de descargo, asistió acompañada de Alexis Mera, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, lo cual constituyó una clara presión de la Presidencia a ese organismo, que va a buscar a como dé lugar que las ternas enviadas para los diferentes cargos sean aprobadas por el Consejo de Participación.

Es importante conocer que los consejeros Luis Pachala, David Rosero y Andrea Rivera, votaron a favor de la impugnación. En contra de la impugnación votaron los consejeros Fernando Cedeño, Mónica Banegas, Tatiana Ordeñana y la presidenta Marcela Miranda. A esto hay que sumar que el Consejo de Participación negó la impugnación que presentó nuestro partido a la designación de los delegados por la Asamblea Nacional (Juan Pablo Pozo Bahamonde, Sonia Lorena Cáceres Vasco, Libia Fernanda Rivas Ordóñez, Fausto Andrés Segovia Salcedo, por falta de idoneidad, ya que no pertenecen a la Función Legislativa, pues trabajan en ella en comisión de servicios), para que participen en las Comisiones de Selección del Consejo de Participación Ciudadana para nombrar al Fiscal General de la Nación y a los miembros del Consejo de la Judicatura.

La Asamblea Nacional aprobó las Reformas al Código de la Democracia, con lo cual legalizó el asalto a los fondos partidarios por parte de Alianza País, violó el Art 110 de la Constitución que establece: "el movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco por ciento de los votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos". Esto significa que desde la vigencia de la Constitución solo se ha realizado un proceso electoral pluripersonal, por lo tanto el partido de gobierno no tiene derecho al fondo partidario, pero Correa y Lucio Gutiérrez se pusieron de acuerdo para el asalto al fondo partidario.

El costo de la vida sigue creciendo, los panificadores anunciaron que subirá el  precio del pan popular a 12 centavos, el gobierno nada a dicho al respecto.

En los próximos días se procederá a la votación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, los avances que hemos alcanzado en la Ley son importantes, por ejemplo en el tema de la jubilación de los docentes se tomará en cuenta lo establecido en el Art. 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público, con lo cual se elimina la malhadada tabla en la que solamente se beneficiaban del estímulo de 150 Salarios Básicos Unificados los maestros con más de 80 años de edad y 40 años de servicio, lo cual era injusto. Se  reconocerá el pago de dicho estímulo para los y las docentes que se jubilaron desde el 20 de octubre de 2008, fecha en que entró en vigencia la nueva Constitución, los valores que ya fueron cancelados serán considerados únicamente como un anticipo al pago que legal y constitucionalmente les corresponde.

Debemos también señalar que por las presiones del Ejecutivo se plantea eliminar algunos derechos como la eliminación del derecho a la resistencia de la comunidad educativa, el que se les haya quitado de la primera categoría escalafonaria y escala salarial a las madres comunitarias, educadores para personas con rezago escolar, educadores populares y artesanales; así como la eliminación de los Bonos de Difícil Acceso, del Día del Maestro y del Fondo de Compensación Jubilar para los maestros que al jubilarse antes de la aprobación de la nueva Carta Constitucional vienen percibiendo pensiones de miseria. Nuestro Bloque Parlamentario va a seguir insistiendo en la Asamblea para que no se eliminen estos derechos, antes de que se produzca la votación final de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

 

 

Atentamente,

 

Prof. Stalin Vargas M.,

PRIMER COORDINADOR NACIONAL DEL MPD