Para comprender la situación en las tierras al sur del Lago de Maracaibo

Dos siglos de terrofagia mantuvieron la esclavitud, etnocidio y masacre en el Sur del Lago

Un hermoso trabajo realizado por el joven analista Miguel Prieto. Algo como para no perderse y comprender la situación en las tierras al sur del Lago de Maracaibo.

Miguel Prieto | Red de Información Alternativa, Simón Bolívar (REDIAL)

Hora de traer el Siglo XXI a estas benditas tierras

Bolívar luchó sin éxito en contra del latifundio y el esclavismo desde 1817 y 1820

Oswaldo Álvarez Paz fue el creador de la policía rural del Zulia, mejor conocida como "los gatos negros" por su vinculación con crímenes que se cometían de noche contra campesinos e indígenas

Con la cruz empuñada en una mano y la espada en la otra los españoles aniquilaron a más de 120 millones de indígena en América durante 300 años, como expuso el historiador francés Serjoune Laurett en la Historia de América durante el periodo indígena.

Un trazo dantesco de esta historia de conquista y saqueo le tocó a Venezuela. Y con la intervención del Gobierno nacional en los 47 fundos del Sur del Lago de Maracaibo (Mérida y Zulia) se develó una realidad que subyace en las tierras más fértiles del país.

Se trata de la terrofagia, conquista de tierras a cambio de la aniquilación indígena a finales del siglo XVII y la supervivencia del sistema esclavista feudal impuesto por la Corona española hasta nuestros días en el Sur del Lago de Maracaibo.

El historiador y antropólogo Luis Prieto asienta las bases de la terrofagia o conquista de la tierra en la colonia española, específicamente en Santa Bárbara y Santa Cruz del Zulia en 1781, cuando el bachiller Antonio Carmona le solicita al rey de España parte de las tierras que pertenecían a las tribus indígenas Bari.

Se trata de las poblaciones mal llamadas motilones (Barí, de filiación lingüística Chibcha), que habitaron la Cuenca del Sur del Lago y el piedemonte de la Sierra de Perijá y de la cordillera andina, como lo establecen los estudios y datos arqueológicos de los investigadores Iraida Vargas y Mario Sanoja.

Antonio Carmona según Villasmil

"La terrofagia del bachiller Antonio Carmona es relatada por Bernardo Villasmil en un libro editado en 1993 por ediciones Astrodata y por la Universidad del Zulia, aunque habla de una tribu llamada Caricaguey", precisa Prieto.

La investigación de Villasmil señala que el cacique de los Caricaguey, llamado Joaquín Gutiérrez, fue un indígena evangelizado por el misionero Gerardo de Arteaga con el pretexto de civilizarlo, pero que en realidad buscaba evitar la confrontación con los españoles.

Este hecho coincidió, aporta el historiador y sociólogo Martín Guédez, con la creación de la Capitanía General de Venezuela en el periodo del rey Carlos III. "Carlos III y el Papa (la Iglesia católica) fueron los que le dieron aprobación a Antonio Carmona para apoderarse de las tierras de los Barí, y desde entonces nunca ha existido la presencia del Estado en el Sur del Lago, la República nunca resguardó la titularidad de estas tierras".

Minería, explotación y miseria

Martín Guédez indica que para el 27 de abril de 1784, el Rey Carlos III mandó a aplicar las ordenanzas de minería españolas en Venezuela, las cuales consagraban la propiedad del subsuelo, incluidos los bitúmenes (hidrocarburos).

Estas disposiciones, agrega Prieto, quedaron vigentes en los textos constitucionales y legales republicanos de Venezuela: Comenzando por los decretos de minas emitidos por Bolívar el 17 de septiembre de 1825 y el 24 de octubre de 1829.

Fue el primer paso para la expropiación de las tierras de los pobladores primigenios de la Nación, además se debe tomar en cuenta la promulgación del decreto del Libertador del 20 de mayo de 1820 sobre el Reparto de Resguardos Indígenas, vigente desde 1518 cuando la Corona dispuso que los indígenas no fueran despojados de las tierras de usufructo tradicional.

Bolívar "había hecho concesiones a los intereses de los terratenientes -sin desearlo- sobre tierras indígenas y blancos empobrecidos", nos señala Prieto.

Guédez coincide con Prieto al señalar que en los años 1821, 1836, 1838 y 1841 (periodo en el que se inician las prácticas del liberalismo económico burgués en Venezuela), se promulgaron leyes que restringieron la autonomía de los Resguardos indígenas, y con ellos vino la expropiación de las tierras a favor de los vecinos y los Concejos Municipales.

La maldición de los terratenientes

El decreto emitido por el Libertador Simón Bolívar en 1820 sobre la repartición de tierras, atinó Guédez, desató la terrofagia en Venezuela porque este proceso no fue supervisado, al punto que el Libertador tuvo que emitir otros decretos para regular la tenencia de la tierra.

Los abusos desatados por los militares convertidos en caudillos y terratenientes, son reclamados por el Libertador en febrero de 1821, indica Guédez. Porque además habían desplazado a los indígenas a tierras estériles.                                                                 

Estos decretos contra el latifundio, concluye el antropólogo Luis Prieto, y el decreto de libertad para los esclavos de 1816 desataron el ataque de la oligarquía venezolana "tal como está sucediendo hoy con las medidas tomadas por el Gobierno del presidente (Hugo) Chávez para erradicar el latifundio en el Sur del Lago", tierras de las que los "dueños" no tienen títulos de propiedad y que por lo tanto pertenecen a la Nación, como lo ha comprobado el ministro de Agricultura y Tierra Juan Carlos Loyo.

"Las tierras fueron vendidas por sumas ínfimas a los poderosos de cada pueblo o militares convertidos en caudillos, que aprovecharon el momento cuando se les hace el pago de los haberes para consolidar la terrofagia institucionalizada desde 1820, con la incorporación de los trabajadores indígenas", explica Prieto.   

El ferrocarril y el petróleo

A finales del siglo XIX se construyeron dos rutas ferrocarriles sobre las ruinas de los pueblos indígenas.

Fue Guzmán Blanco, apunta Luis Prieto, quien con políticas positivistas concibe la idea del Progreso promoviendo el blanqueo de la población y la construcción de dos Ferrocarriles en el Sur del Lago. El primero comunicaría a El Vigía con Santa Bárbara y el Gran Ferrocarril del Táchira que iría desde la Fría hasta Encontrados.

"Ambos surtirían las embarcaciones que llevarían los frutos del agro al mercado internacional y viceversa, incluyendo los provenientes y hacia el interior de lo que hoy es Colombia", especifica.

Una vez más el progreso se erigió por encima de los pueblos indígenas del Sur del Lago porque "los desarrollistas debían controlar la resistencia indígena. Se repitió el genocidio contra los Bari en las riberas de los ríos Tarra y Zulia y en el eje Santa Bárbara-El Vigía", asegura el antropólogo.

Esto condujo al aniquilamiento de los Bari y a su conversión en mano de obra esclava, o a su acorralamiento en la Sierra de Perijá con las famosas Correrías de indios (cacería nocturna de los Bari por mercenarios pagados por los hacendados).

Esto último lo recogen Roberto Lizarralde y Stephen Beckerman en la Historia contemporánea de los Barí, publicado por el Boletín antropológico del Centro de Investigaciones del Museo Arqueológico de la Universidad de Los Andes, en la edición número 10.

Exponen ambos investigadores dos detalles importantísimo que reflejan la matanza sistemática de los indígenas en el Sur del Lago: el primero se refiere a la fundación del campo petrolero Casigua el Cubo en 1915, donde la Shell electrificó los caminos e instalaciones petroleras para mantener a los indígenas a raya.

Y lo último fue el envenenamiento de la sal de los campos petroleros como señuelo para matar a los indígenas que se atrevían a robarlo. 

Brito Figueroa y el Siglo XIX

Las investigaciones del connotado historiador Federico Brito Figueroa nos confirman la persistencia de la terrofagia en Venezuela desde la colonia hasta el siglo XIX.

Brito Figueroa reseñaba, en su libro Historia Económica y Social de Venezuela, que en el país se consagró "un régimen de propiedad agrícola basada en el latifundio… y que originaba una minoría de terratenientes propietarios y una masa de trabajadores aparentemente libres pero ligados al dueño de las tierras por deudas de alimentación, vestidos, viviendas o usufructo de pequeñas parcelas…"

Los obreros de los hatos o haciendas, dice Brito Figueroa, "satisfacían sus deudas mediante trabajos, especies o dinero, creándose en definitiva una especie de lazos obligatorios entre el terrateniente y el trabajador".

Se podría hablar incluso de la esclavitud contemporánea. El tipo de relación esclavista descrita por Brito Figueroa, agrega Luis Prieto, se mantuvo durante la primera mitad del siglo XX, cuando a los peones les pagaban con fichas de plástico que intercambiaban dentro de las bodegas de las fincas.

Y "como los obreros no sabían leer ni escribir morían endeudados porque nunca sabían qué habían consumido con las fichas, mientras que sus hijos heredaban las deudas y quedaban como esclavos en las haciendas".

El historiador Ramón J. Velázquez dejó plasmado en el libro Confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez (editado en 1980), las condiciones de vida de los esclavos en la primera mitad del siglo XX.

Señalaba Velázquez que en las fincas de Perijá y parte de la Cuenca del Lago de Maracaibo se practicaban castigos corporales en contra de los trabajadores de las haciendas. Confirmaba además que en las haciendas había presencia de familias goajira utilizadas como "servicio doméstico en condiciones literal de esclavitud pues no pocos de ellos eran comprados, en otras palabras, ventas de vidas de personas por dinero".

No es de extrañar, asoma Martín Guédez, que el vicepresidente de la República Elías Jaua comprobase en su visita al Sur del Lago que hoy se mantiene el derecho de pernada practicado desde la Edad Media, es decir, el derecho que el terrateniente tiene sobre las hijas de los obreros. 

RECUADRO 1

La esclavitud contemporánea

Se hace preciso aclarar que la esclavitud y las matanzas practicadas en el Sur del Lago no acabaron con lo relatado por Ramón J. Velázquez en sus Confidencias imaginarias.

La película "La matanza de Santa Bárbara" (1986), dirigida por el fallecido cineasta venezolano Luis Correa; refleja la historia de dos familias (los Meleán y los Semprún) que se enfrentaron a muerte para mantener en control de las mejores tierras del municipio Colón.

"El enfrentamiento entre estas dos familias llevó a la ruina y muerte casi total de la segunda (los Semprún), a mediado de los ochenta. El entonces comisario "Chino" Pantoja se encargó del trabajo sucio para raspar a la familia Semprún y de cometer otros crímenes en el Sur del Lago", relata el cronista Eusebio Leal (Seudónimo).

Poder político y escándalo

Leal señala que los hacendados del Sur del Lago, entre 1970 y 1990 mantuvieron el poder político y económico de la zona hasta el punto de designar a las autoridades civiles y militares. Recuerda el caso del "teniente coronel Puche Piña, conocido como El carnicero del Catatumbo por las masacres que cometía para resguardar los intereses de los hacendados y el capitán Carpio, que acompañaba a Puche".

"Estos militares", recuerda nuestro confidente, "le hacían el trabajo sucio a los ganaderos, sobre todo para aniquilar a los braceros colombianos para evitar pagarles o indemnizarlos por enfermedades, recuerda que el campo venezolano ha sido trabajado en su mayoría por obreros colombianos".

Luis Prieto añade que a principios de los ochenta el Sur del Lago era un caldo de cultivo para las prácticas paramilitares. "Hubo una masacre de 30 braceros colombianos en el Sur del Lago, dos de ellos lograron sobrevivir y llegaron hasta el Congreso colombiano para denunciar el caso, era el inicio del gobierno de Luis Herrera Campins y este hecho provocó un escándalo diplomático que luego se esfumó".

En contraste el agricultor Rubén Ramírez recuerda que existió un personaje llamado Parafina que "era el encargado por parte de los hacendados de asesinar la mano de obra barata traída de Colombia. Pero ni el mismo Parafina se salvó porque fue asesinado para evitar que delatase las masacres que se cometieron", atestigua Ramírez. 

RECUADRO 2

Los gatos negros de Osvaldo Álvarez Paz

La matanza de Santa Bárbara obliga tocar otro tema cercano: la creación de la policía rural del estado Zulia durante el gobierno de Oswaldo Álvarez Paz.

Este cuerpo en conjunto con la otrora Guardia Nacional fue señalado a mediados de los noventa de cometer crímenes de lesa humanidad en contra de campesinos colombianos.

Conocidos como "los gatos negros" su modus operandis consistía en actuar como grupos paramilitares en las noches, ejecutando civiles campesinos en la frontera del municipio Catatumbo.

Fue la gobernadora Lolita Aniyar de Castro, revela un periodista zuliano que pidió el anonimato, "la que eliminó la policía rural y ordenó abrir una investigación acerca de los gatos negros y los crímenes de los que eran acusados".

La Cámara de Diputados del extinto Congreso de la República comisionó al parlamentario de la Causa R Vladimir Villegas, y la entonces Asamblea Legislativa del Zulia designó al hoy concejal Juan Pablo Guanipa para investigar las matanzas en el Sur del Lago.

El docente Luis Prieto lamenta que algunos casos se pudieron corroborar, "otros no", lo cierto es que no hubo nada concluyente al respecto. "Hubo planes para asesinar a los profesores Lusbi Portillo, Cirilo Caraballo y mi persona porque denunciamos el asesinato de los campesinos e indígenas; y esa información la manejamos a partir de información de inteligencia aportada por la gobernadora Aniyar de Castro", concluye.

T: Miguel Prieto

Maracaibo

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