Doce perpetuas son un paso adelante

 "Doce perpetuas son un paso adelante"

"Hace quince años tomé la decisión de que esta lucha era una lucha colectiva", dice Paula Maroni, cuyo padre fue uno de los desaparecidos en el circuito de campos clandestinos Atlético-Banco-Olimpo.

Por Alejandra Dandan

El presidente del Tribunal leía la sentencia. Era el día de la condena a los 17 acusados por los crímenes del circuito Atlético-Banco-Olimpo. A unos metros, entre las sillas de los sobrevivientes de los campos, familiares e integrantes de los organismos de derechos humanos, Paula Maroni escuchaba una y otra vez cómo se caía el nombre de su padre: los represores eran condenados por algunas víctimas, pero a su vez absueltos por otras. Por el caso de su padre, al comienzo había seis acusados pero a medida que avanzaba la sentencia los nombres desaparecían de la lista: "¡Qué feo que me sonaba!", dice Paula, que finalmente escuchó el nombre de Juan Patricio como parte de la condena a prisión perpetua de Julio Simón. "Mi viejo es un caso que no fue visto por muchas personas, la única testigo es mi mamá porque va al Atlético con él y mi abuela que presenció el operativo –dice ella–; afuera, el día de la sentencia, mis compañeros estaban preocupados porque escuchaban que se caía de las condenas, pero yo estaba feliz porque hace quince años tomé la decisión de que esta lucha era una lucha colectiva, y me dije: está bien, el Tribunal habrá dicho: ¡vamos con los casos recontraprobados!, el resto los dejamos afuera, cosa que sea inobjetable la sentencia."

El casi medio centenar de represores que fue condenado por crímenes de lesa humanidad no debería ser un dato más. Las sentencias que alcanzaron a celebridades como el ex presidente Jorge Rafael Videla o Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y Samuel Miara, Julio Simón y Raúl Guglielminetti en Buenos Aires, también hicieron foco en nombres poco conocidos: en general autores materiales de la represión, muchos juzgados por primera vez y que son quienes estaban del otro lado de las vendas de los tabicados, los que secuestraron, torturaron, trasladaron y ejecutaron a las víctimas. Para los querellantes, el fallo que condenó a 12 de los 17 acusados a prisión perpetua está marcando avances históricos, aunque también los límites de la lógica penal: entre algunos, marcan el silencio al omitir en las condenas la condición de perseguidos políticos de las víctimas o la idea de convalidar de alguna manera que sin cuerpos no es posible probar que los traslados fueron exterminios.

"La sentencia es muy importante", vuelve a decir Ana María Careaga como el primer día. Ana María es sobreviviente del circuito y fue uno de los motores de la causa. "Este fue uno de los primeros juicios grandes de Comodoro Py: es la primera vez que se juzga colectivamente a los represores como parte de un circuito y eso trasciende a cada uno de los desaparecidos de ABO y permite que se juzgue también un plan sistemático, para analizar el método aplicado por todas las fuerzas de seguridad".

Atlético-Banco-Olimpo fueron tres campos clandestinos operados principalmente por policías que funcionaron de modo sucesivo, por lo que iban mudando a las víctimas. Funcionaron de mediados de 1976 a comienzos de 1979. El juicio oral empezó el 24 de noviembre de 2009, se juzgó a 17 represores por un total de 183 casos. "Fue además muy importante para el escenario de Comodoro Py –sigue Careaga– porque inaugura las otras sentencias que van a venir en ese mismo escenario."

La herramienta

La sentencia se conoció el miércoles pasado: las 12 perpetuas alcanzaron a Miara y el Turco Julián; hubo cuatro condenas a 25 años de prisión y una absolución para Juan Carlos Falcón, conocido como "Kung Fu" por el modo marcial que tenía de golpear a los detenidos. Más allá de las razones por las que se condenó a cada uno –razones que se conocerán en marzo con la difusión de los fundamentos, o de si es verdad o no que en el caso de Falcón pesó su coartada según la cual, para la época, era custodio personal de Albano Harguindeguy–, cuando escuchó la absolución, Delia Barrera salió de la sala llorando para encerrarse en el baño.

"No volví a entrar, no pude", dice a Página/12. "Falcón estuvo en mi casa, es el que nos torturó, nos separó de las celdas con mi primer marido, el que lo trasladó a él, el que decide mi libertad." El operativo de su secuestro se hizo en un departamento de la calle Superí 135. Kung Fu apareció entre los primeros hombres del grupo de tareas, Delia lo describió con los ojos achinados, el cuerpo alto y como la persona que llevó adelante todo su caso adentro del campo: desde los interrogatorios hasta los traslados. "Siento dolor y bronca –dijo–: ¿qué otra prueba les puedo dar? Estoy muy contenta con la sentencia, pero siento que me quedé con un Falcón atragantado en la garganta, yo di bastante prueba, muchos de mis compañeros también lo reconocieron por fotos, pero no me importa, vamos por más y seguramente lo vamos a agarrar con el ABO II."

Algo de esa misma sensación de poco se repitió con Guglielminetti y Ricardo Taddei, extraditado de España en 2007. Ambos recibieron condenas a 25 años de prisión, sin perpetuas. Guglielminetti porque no lo condenaron por homicidio como al resto; sólo se lo consideró partícipe secundario entre otras cosas –se supone– porque no lo situaron en los tres campos como sostienen las víctimas. A Taddei, porque un convenio con España le impide a la Argentina aplicar sanciones más altas de las que se permiten allí. Pero más allá de las razones, lo que cuestionan es la lógica de la Justicia Penal que todavía está pidiendo pruebas tangibles, causas y efectos, como si no hubiese pasado el tiempo.

"Es la herramienta que tenemos para juzgar a estos delitos aberrantes y estas herramientas tienen sus limitaciones", dice Careaga. "Se necesita de este tipo de herramientas para juzgar una práctica que se hacía en forma clandestina: con campos clandestinos, con represores con apodos, con los nombres de las víctimas cambiados, por eso creo que doce perpetuas son un avance."

La singularización

Isabel Fernández Blanco es una de las testigos con más declaraciones a cuestas: seis veces en total. Sin embargo, la experiencia no alcanza: antes de declarar esta vez estuvo durante días perseguida por esos miedos que todavía pesan en las espaldas de los sobrevivientes: ¿qué pasa si se olvidan de algo? ¿De alguno de los nombres de los compañeros que no volvieron de los centros?, esa promesa que se dieron unos a otros, y que los comprometió para pelear por la justicia. El susto siguió. Un día antes de declarar visitó a una vieja compañera. Le pidió ayuda; lápiz y papel y que anote lo que iba diciendo. Habló. Siguió. Hasta que esa compañera agarró la lista, la dobló en dos y le dijo: "¿Sabés qué tenés que hacer? Hablar de lo que viviste".

"Sentía que los recuerdos que se me habían borrado de pronto aparecían y creo que tuvo que ver con que por primera vez yo iba a ahí para hablar de mí", dice Isabel. "Cuando estás sentadito ahí es como que los recuerdos fluyen, y yo recordé cosas que hasta me sorprendieron." Entre otras, su lugar en el área federal de Montoneros, en prensa. "Me faltó decir que era militante de base, pero creo que la idea de que pudiéramos decir que éramos militantes habilitó a lo mejor ese recuerdo."

La lógica del caso por caso que se abrió en el juicio, como sucede en otros procesos de Comodoro Py, la posibilidad de hablar ante los represores o la búsqueda de algunos actores como los fiscales, que al dar por probada la represión intentaron hacer aparecer las historias de vida, la materialización de los militantes desaparecidos pero sobre todo sus militancias políticas, fue lo que trazó un nuevo perfil en los juicios. Casos como el de Isabel, que hasta ahora iba a hablar de otras víctimas, empezaron a reconstruir historias en singular.

Miguel D'Agostino es uno de los que están convencidos de que poder hablar de la militancia fue una de las características de estos juicios. Sobreviviente del circuito, declaró en los ochenta cuando la eclosión de la teoría de los dos demonios les abría la posibilidad de quedar detenidos a los que plantearan cosas por el estilo. Y cuando muchos liberados todavía sufrían prisiones a distancia: recibían llamadas de control, citas en bares o terminaban presos. D'Agostino dice que los juicios empezaron a recuperar ese pasado político.

"Me llamó la atención que el fallo no hiciera ninguna referencia a la militancia política", indica en alusión a otros fallos que toman como agravantes la condición de militantes políticos de las víctimas. Esa característica fue tratada por Alejandro Alagia, el fiscal federal. Asumiendo todos los riesgos por los posibles pedidos de nulidad, el fiscal pidió el castigo por genocidio para todos en representación –por primera vez– de un organismo del Estado e intentado explicar a las víctimas como parte de un grupo nacional con características políticas definidas, víctima de una matanza. "Me llamó la atención que no hagan referencia a esto –dijo Miguel–, creo que de ese modo se está desapareciendo una identidad, la identidad social y política de las personas."

Los homicidios

En la condena hubo otro dato: la perpetuas se habilitaron porque a doce represores los vincularon como autores o coautores del homicidio de los únicos cinco cuerpos que están aparecidos e identificados en la causa. Son cinco víctimas identificadas en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Sin cuerpos, la Justicia Penal o por lo menos una parte de ella –como lo demuestra esta sentencia– no parece estar en condiciones de condenar a perpetuas.

"En términos generales es un logro importantísimo, pero me deja sabor a poco –sigue Miguel–: estamos en el siglo XXI, tenemos mucha información y necesitamos establecer con mayor detalle que los que no están, por ejemplo, son personas desaparecidas, exterminadas y asesinadas para garantizar la impunidad." Y dice: "Todavía estamos festejando, no estamos en la etapa del análisis, en estos días también fue condenado Videla, estamos eufóricos por eso: pero nos parece sorprendente, después de treinta y pico años, verles la cara que hasta ahora sólo habíamos visto a través de la posibilidad o no de levantarnos una venda y arriesgándonos a ir a la sala de tortura. O que los conocíamos porque alguien se animaba a susurrarnos algún dato y ahora verlos así, ¡cómo no vas a festejar!".

"Yo creo que estos juicios trascienden el tema jurídico", vuelve a decir Ana María Careaga. "Creo que esta sociedad no puede salir de esos juicios como entró: ninguno de los que están sentados ante esos relatos que son insoportables sale igual, porque hablan de la humanidad, y esto se repite en cada punto del país donde tiene lugar un acto de justicia."

La sentencia de Córdoba echó luz sobre la complicidad de jueces y de religiosos

"El juicio trajo algo de paz"

"Hasta tres días de tortura no son pecado si sirven para salvar vidas", decían los curas de la UP 1, según el testimonio de Fermín Rivera, el primero que denunció los fusilamientos de presos políticos en Córdoba.

Por Martín Notarfrancesco, Pablo Luro y Waldo Cebrero

La lectura de las sentencias de Videla y Menéndez fue seguida por numerosas personas fuera del tribunal.

La sentencia del juicio a Videla repara no sólo a las víctimas y sus familiares. El Estado asume sus culpas y consagra la voz de los sobrevivientes. Ese relato oral que perduró en el tiempo para dar testimonio de la atrocidad encuentra su reivindicación en un fallo que otorga valor a sus voces.

A días de aquella jornada, distintos actores de este proceso analizan el desarrollo del juicio y las conclusiones del tribunal. La sensación de tarea cumplida se entremezcla con los nuevos horizontes y lo que falta. Las complicidades reflotadas a lo largo del debate marcan el rumbo para seguir profundizando el camino de justicia. La Iglesia Católica y la Justicia federal quedaron muy comprometidas. La causa "de los magistrados", abierta en contra de los funcionarios judiciales de entonces, acusados de no investigar los crímenes denunciados por los presos políticos, ya pide pista.

Los primeros en denunciar

Con 34 años de espera en los hombros, Fermín Rivera, autor de la denuncia que dio origen a esta causa, se siente "satisfecho de que hayan sido condenados algunos de los máximos responsables, pero también de que se pueda conocer la verdad tras décadas de querer ocultarla". Fermín Rivera es un ex preso de la UP 1 que denunció, mientras estaba preso en Rawson, los fusilamientos de los presos políticos. Los detenidos políticos tenían el compromiso de denunciar lo que vivían en la cárcel, y él intentó hacerlo ante los jueces Eudoro Vázquez Cuestas y Adolfo Zamboni Ledesma, que le tomaron declaración maniatado y apuntado por fusiles militares que lo custodiaban. Durante el juicio, Rivera denunció la actuación de los capellanes del penal Eduardo McKinnon y Sabas Gallardo, quienes justificaban que "hasta tres días de tortura no son pecado si sirven para salvar vidas". "Pero también consideró que fueron juzgados sólo algunos de los ejecutores de los crímenes. Faltan los hombres cómplices de la Justicia, de la Iglesia y los que se beneficiaron económicamente. Ninguno de los crímenes se podría haber cometido sin las complicidades. Este puede también ser un primer paso", concluye Rivera.

"Ahora que los policías que me torturaron están presos, pienso en volver a vivir a la Argentina, porque siento que el país es otro muy distinto al de antes", adelantó el ex policía Luis Urquiza, abrazado a sus dos hijas, nacidas en Dinamarca. Urquiza es ex policía y el único querellante de la causa "Gontero", donde se investigó la participación de la policía de Córdoba en la estructura represiva que comandó Luciano Benjamín Menéndez. En los '90 decidió volver del exilio, pero en 1997 tuvo que escapar nuevamente tras recibir amenazas de Carlos Yanicelli, uno de sus torturadores, que fue director de Inteligencia de la policía durante los gobiernos de Eduardo César Angeloz y Ramón Bautista Mestre. Urquiza denunció durante el juicio que el por entonces ministro de Asuntos Institucionales de la provincia, Oscar Aguad, apadrinó a más de cien represores del D2 en la policía, entre ellos a Carlos Yanicelli, un hombre de su confianza. "Aguad hoy es diputado nacional del radicalismo y ocupa el Concejo de la Magistratura. Moralmente debería apartarse de ese lugar", afirma Urquiza.

"Esto que empezó hace 34 años, costó mucho dolor. Ahora puedo volver con mis hijas. Ellas también son víctimas porque nos tuvimos que ir del país, incluso en democracia, por falta de voluntad política del gobierno radical de entonces", concluye.

Héctor Fransicetti vivió desde adentro de la UP 1 el período represivo que terminó con los fusilamientos. Desde su lugar de víctima y testigo afirmó que para ellos este juicio fue un resarcimiento. "Estamos conformes en un porcentaje importante porque la mayoría de los asesinos de los compañeros están ahora condenados", dijo emocionado en la puerta de los tribunales, a minutos de haber escuchado la sentencia.

Algo de paz

Rosario Rodríguez fue la compañera de vida de Pablo Alberto Balustra, delegado sindical de Obras Sanitarias y militante montonero que fue asesinado el 11 de octubre de 1976. Como familiar de una víctima, dio ante el tribunal uno de los testimonios más sentidos, que sirvió para comprender la magnitud de los crímenes. "Me siento muy feliz de haber vivido este momento. Fueron muchos años de sufrimiento para nosotros, los familiares. Las colas frente a la cárcel, y las giras por los hospitales para saber dónde estaban los cuerpos de nuestros muertos, son recuerdos muy duros y ahora podemos decir que, aunque no nos devuelve a los familiares, el juicio trajo algo de paz", dirá Rosario horas después, ya en los festejos.

"Yo no lo tengo a mi hermano y era vital en la vida de la familia", dijo Miriam Funes, hermana de José Cristian, "El Diablito", fusilado el 30 de junio de 1976. Sus palabras expresaron el vacío que lleva adentro hace tres décadas. Si bien valoró la llegada de este juicio, también dejó claro que "nunca ningún juicio ni ninguna sentencia me van a conformar".

Un largo camino

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, llegó hasta Córdoba para seguir las últimas dos audiencias del juicio. Luego de escuchar el veredicto, dijo que hace décadas esperó por este día. "Hace casi treinta años nos presentamos como querellantes junto con María Elba Martínez, pero después vinieron las leyes de la impunidad. Recién con este gobierno se pudo comenzar a juzgarlos y por eso es tan importante que podamos estar en este día histórico." También valoró el derecho a defensa que se le respetó a cada uno de los imputados. Al respecto, dijo que "esto habla de la dignidad de un pueblo y una Justicia. Estoy seguro de que sobre la impunidad no se puede construir una democracia".

Carolina Scotto, rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, estuvo presente, como en cada una de las sentencias que se dieron en Córdoba. Desde su punto de vista, estos juicios constituyen un paso adelante a favor de las generaciones de argentinos y argentinas que van a cuidar estas conquistas, como algo de lo que no se puede retroceder. "Estos juicios nos obligan a que los ciudadanos y las instituciones completemos la revisión y hagamos la recuperación de la memoria, con la valentía que hace falta para asumir el rol que nos cupo para que no volvamos a cometer viejos errores. El proceso que acaba de terminar desnudó esas responsabilidades institucionales, incluso las de omisión, que no son sanas a la verdad."

El querellante Martín Fresneda fue de los más optimistas. Se mostró conforme con la sentencia y dijo que "sin lugar a dudas tiene una dimensión política porque interpela parte de la historia". El abogado de H.I.J.O.S. opinó que se trata antes que nada de "un proceso penal y no un juicio político". "Visto así –agregó–, las absoluciones hablan bien del proceso porque significa que hubo una defensa, que no se está condenando sin pruebas que certifiquen con la certeza necesaria. Por otro lado, lo valorable, más allá de las penas, es haber juzgado a los responsables."

Mirando hacia adelante

Para el fiscal Carlos Gonella, este juicio puede generar un quiebre en la Justicia federal. Allí radica su expectativa. Afirmó que el juicio ventiló las complicidades civiles que tuvo el genocidio político. Dijo además que espera que "pueda haber una autocrítica urgente del rol que cumplieron nuestros pares de la Justicia, de los que yo me avergüenzo. Espero que esas complicidades sean analizadas en los fundamentos de la sentencia y que permitan agilizar las investigaciones a funcionarios de la Justicia durante la dictadura cívico-militar".

Marcelo Yornet es militante de H.I.J.O.S. y su conclusión del fallo apuntó más hacia adelante. Dijo que fue todo un aprendizaje colectivo haber luchado en paz para condenar estos crímenes y ahora queda el trabajo de afianzar los verdaderos logros que dejan estos juicios, la incorporación de los derechos humanos en la vida diaria de la gente.

Las dudas en las absoluciones

Entre los puntos más discutidos de la sentencia se encuentra la sorpresiva absolución de Osvaldo César Quiroga, un capitán del Ejército que, cumpliendo una orden, retiró de la UP 1 a Hugo Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y a los hermanos Gustavo y Eduardo De Breuil. Tras una parada intermedia, tres de los presos fueron fusilados, mientras que Eduardo De Breuil fue obligado a mirar los cuerpos de sus compañeros muertos. Las pruebas contra Quiroga parecían firmes. Había firmado la salida de los presos y, en su testimonio, De Breuil dijo que la voz del oficial que comandó el operativo fue siempre la misma. Pese a los indicios y las pruebas, el tribunal decidió absolverlo.

Al respecto, Jaime Díaz Gavier explicó que "se trata de un problema de valoración de las pruebas y de los indicios que tendían a acreditar la responsabilidad de Quiroga. Si esas pruebas no llevan a un estado de certeza, si uno tiene alguna duda, si se abre alguna posibilidad de interpretación diferente, el juez tiene la obligación legal de absolver. Pero quiero decir que este episodio fue acreditado y no ha quedado impune. Han sido condenados por esas muertes Videla, Menéndez, Meli, González Navarro, Poncet y Fierro", los miembros del Estado Mayor que tuvieron a su cargo la represión.

Hugo Vaca Narvaja, hijo de una de las víctimas y querellante en la causa, manifestó amargura y tristeza por la absolución de Quiroga. "Lógicamente que a los imputados los tiene que condenar la prueba, que debe ser analizada con la sana crítica racional, y eso requiere de tres prioridades: estar sano, tener crítica y ser racional", dijo. "Si con la prueba que hay en contra de Quiroga no se llegó a condenar, quiere decir que alguno de estos tres factores está fallando. Cuando conozcamos los fundamentos del fallo, es posible que apelemos las absoluciones", concluyó el querellante.

Además de Quiroga resultaron absueltos los militares Francisco Pablo D'Aloia, José Antonio Paredes, y los policías Luis David Merlo, Luis Alberto Rodríguez y Gustavo Adolfo Salgado.

© 2000-2010 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.

 

"Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad... Haga circular esta información".
Rodolfo Walsh