PSUV: Diego Arría es el típico terrateniente

ABN.- Diego Arría, ex gobernador de Caracas, quien dice ser propietario de la finca La Carolina, ubicada en Nirgüa, estado Yaracuy, es el típico terrateniente.

Así lo expresó el coordinador nacional de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Carlos Escarrá, quien destacó que con esta práctica Arria viola el artículo 307 de la Constitución de la República.

'Tiene como 25 años viviendo en el exterior, pero dice tener una finca de 376 hectáreas. Arria es una persona que no está en el sitio y no le interesa el desarrollo del campo venezolano como tal', precisó Escarrá durante una rueda de prensa celebrada este lunes en el sector Maripérez, en Caracas.

De demostrarse la irregularidad de la titularidad de la referida finca, ésta pasará a ser un centro técnico productivo para el beneficio del pueblo, informó recientemente el vicepresidente de la República y ministro del Poder popular para la Agricultura y Tierras, Elías Jaua.

Entretanto, Willian Lara, integrante de la Dirección Nacional de la tolda roja, se refirió a la querella iniciada por el Estado venezolano, relacionada con la titularidad de ese lote de tierras.

"El hecho concreto es que Arria no ha podido demostrar que esas tierras le pertenecen y lo que invoca el Estado venezolano es que esas tierras son propiedad de la nación. Él tiene, con base a la ley, que demostrar lo contrario, presentando la cadena titulativa desde el acto de desprendimiento. Así lo dice la ley vigente", sostuvo.

Arria, de acuerdo con el marco jurídico venezolano, tiene a partir de este lunes un plazo perentorio de 19 días para presentar la titularidad de las tierras, de lo contrario las 376 hectáreas de la finca La Carolina pasarán a ser del Estado venezolano.

En relación con el tipo de actividad que se viene realizando en la finca, Lara, quien a su vez es gobernador del estado Guárico, espetó: "Ahí no hay producción agropecuaria, lo único que tiene es una piscina, un hotel, un Falcon Crest".

"El reto de la revolución es quintuplicar el uso productivo de esa tierra, entregándola con asistencia técnica y crediticia a jóvenes agrotécnicos, a jornaleros agrícolas y a campesinos de la zona", expresó.

Este procedimiento forma parte de un estudio que el Gobierno Nacional realiza a las cadenas titulativas de todas las fincas del país, con el objetivo de establecer un orden en la tenencia de tierras.

Solicitan investigar al ex gobernador Diego Arria

El diputado Carlos Escarrá calificó este martes como una violación a las leyes venezolanas las declaraciones del ex gobernador del Distrito Capital, Diego Arria, al asegurar que la salida del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, no será de carácter electoral, entre otras acusaciones.

"Desde mi punto de vista, el señor Arria ha incurrido en varios delitos. Delito de instigación a delinquir, el delito de llamar al magnicidio o golpe de Estado, y por lo tanto a la alteración del sistema democrático venezolano. Lo que se pide es que se le haga un proceso y que él se defienda dentro del mismo", manifestó el diputado.

El parlamentario desmintió que el proceso abierto a quien estuvo sentenciado por responsabilidades civiles, haya finalizado en la expropiación arremetida de sus tierras.

Sustentándose en la Constitución Bolivariana y la Ley de Tierra, Diego Arria deberá demostrar la titularidad de la Finca "Las Carolinas" en el estado Yaracuy.

"Exhortamos a la Fiscal General de la República que haga comparecer a este ciudadano para que explique qué fue lo que él pretendió cuando habló de métodos no democráticos para salir del Presidente de la República", dijo Escarrá.

"Arria tiene el alma cargada de odio y corrupción. No vamos a aceptar que un representante de la burguesía que tenía 20 años desaparecido del país venga ahora a agredir al Presidente, al gobierno y a las instituciones venezolanas", expresó.

Finalmente, Carlos Escarrá, aseguró que hoy día la Constitución Bolivariana ofrece mayores garantías ante la defensa del venezolano por la eliminación del latifundio, pagando la justa indemnización por el Ejecutivo Nacional.